COLUMNA DE OPINIÓN
Presupuesto fiscal 2021: flexible y eficiente
El Presupuesto fiscal del 2021 será el último que elabore y ejecute este gobierno, caracterizado por una alta polarización política, un relevante deterioro en el ingreso de las familias, que también alimenta enormes demandas sociales, y cuya discusión en el congreso ocurrirá en medio del plebiscito.
Este presupuesto se caracteriza, como lo ha dicho el Ministro de Hacienda, por ser el primero con “base cero”. Es decir, se intentará dejar atrás la inercia de asignaciones presupuestarias ministeriales que usualmente crecían de manera casi tendencial, privilegiando aquellos ministerios y programas que tengan una percepción de mayor posibilidad de ejecución e impacto material en empleo e inversión. En este sentido, tiene un carácter de presupuesto flexible y que muestre la capacidad de reasignación, entregando con aquello mayor convicción de sostenibilidad fiscal y eficiencia del gasto público a mediano plazo. Una tarea nada fácil cuando las demandas sociales parecen interminables y, varias de ellas, algo desajustadas de la realidad de ingreso del país.
Terminaremos el 2020 con un déficit fiscal efectivo en torno 9,5 puntos porcentuales del PIB y uno estructural de 3,5%. Ambos explicados por una caída de los ingresos efectivos de 16%, solo a pasos de la caída observada el 2009, unido a una expansión del gasto público superior a 11% ante la expansión de gasto eminentemente transitorio y vinculado a la pandemia. La deuda bruta sobre PIB alcanzaría en torno a 34% del PIB, y este presupuesto tendría que venir acompañado de cierta estabilización de este guarismo desde el 2024 en adelante a niveles en torno a 50% del PIB. Esos niveles de deuda aún se comparan favorablemente respecto a otras economías latinoamericanas, pero son más difíciles de reconciliar con la actual clasificación soberana que ostenta Chile, a demasiada distancia de países comparables.
Dado el ajuste en parámetros estructurales realizado recientemente por los Comités de Expertos, particularmente del PIB tendencial, el déficit estructural proyectado para el 2021 se acercaría a 4,5% del producto lo que por ahora nos aleja de una convergencia fiscal, colocando mucha presión a la recuperación del crecimiento económico y a las políticas de focalización y eficiencia del gasto de las próximas administraciones. En ese contexto, resulta indispensable que el acuerdo fiscal relativo al COVID-19, firmado a mediados de este año, y cuyos compromisos cruzan este gobierno y el próximo, sea respetado en términos de su perdurabilidad y transitoriedad y, en lo posible, hacerlo eficiente de manera de evitar que gastos transitorios se hagan permanentes simplemente porque resultan apreciados en las encuestas de popularidad. El rol de un congreso responsable y comprometido con la sostenibilidad fiscal es crucial pues cabe poca duda que emergerán voces disonantes hablando de grandes espacios para hacer permanente, beneficios y ayudas de naturaleza transitoria.
Dada la enorme necesidad de recuperar empleo e inversión, es esperable una expansión de dos dígitos en la inversión pública en conjunto con una expansión muy acotada del gasto corriente para el 2021. Así, terminaríamos con una expansión proyectada del gasto público entre 4% y 5% real, algo que debería ubicarse en torno a las proyecciones de consenso del crecimiento del PIB del próximo año. Si tenemos vientos de calma ciudadana y juicio político en fechas cruciales de los próximos trimestres, es posible incluso aspirar a que el crecimiento económico del 2021 sea significativamente superior a lo contemplado en las encuestas, lo que sería el principal ingrediente de convergencia y sostenibilidad fiscal. La recuperación rápida de crecimiento, valor agregado y generación de empleo esta hoy más que nunca en manos de los chilenos y su capacidad de llegar a acuerdos políticos, y aislar los llamados populistas en un período que será particularmente fructífero para caudillos con promesas de grandeza.
Jorge Selaive
Economista Jefe Scotiabank y Académico FEN U. de Chile