Con el paso de las semanas se ha ido configurando anticipadamente un escenario que mencioné en diciembre; aprobación en el plebiscito de salida está lejos de ser un trámite.
En la medida en que la Convención no evidencia una mirada inclusiva en sus propuestas, la idea de un movimiento subterráneo por el rechazo toma fuerza. Por acción u omisión, la Convención ha logrado un creciente grado de animadversión que ha ubicado bajo 50% el nivel de aprobación en el plebiscito de salida.
Todo indica que se requieren más esfuerzos para lograr el objetivo del proceso Constitucional. Aún evidenciamos recuperación de empleos, crecimiento de la inversión y alta liquidez en los bolsillos de los estratos socioeconómicos más bajos. Las cifras de crecimiento serán favorables los primeros meses del año y explicarán gran parte del crecimiento del PIB del año. Pero imaginemos, por un momento, lo que podría suceder para la aprobación en el plebiscito de salida durante el tercer trimestre con la inflación cediendo aún lentamente, el impulso de la inercia del crecimiento desapareciendo, la inversión menos dinámica y junto con la creación de empleo.
Altos grados de soberbia, en conjunto con desconocimiento, aparecen continuamente en declaraciones destempladas. Parece ser que no basta la presencia de 60 abogados en la Constituyente para lograr entender las implicancias, no sólo políticas sino económicas, de algunas propuestas que están en estados intermedios de avance y de cara a ser sometidas al pleno. La intensidad y rapidez del proceso de redacción podría implicar que, incluso varias iniciativas reñidas con el crecimiento inclusivo, sean aprobadas sin ser sometidas al escrutinio mesurado y exhaustivo que requiere una Carta Fundamental. ¿Puede esto cambiar?
Aunque para muchos la nueva administración no está atada simbióticamente con la Constituyente, si lo están para el colectivo votante. El éxito de la Constituyente también lo será del nuevo gobierno y su fracaso será imposible deslindarlo. Así las cosas, deberíamos ver un pragmatismo político con llamados directos de estas autoridades a las facciones más reformistas de la convención. Algunas batallas tendrán que concederse a favor del status quo constitucional.
Volverán las voces para extender el plazo de redacción, pero ello hará menos probable una aprobación y el deterioro económico está a la vuelta de la esquina. Más allá de que se culpe al precio del cobre, a la desaceleración global, a las cadenas de abastecimiento o a las altas tasas de interés, la gente, como siempre, le apuntará a quien tiene más cerca y entre ellas, sin lugar a dudas, a la Convención.
Dejar los aspectos más “lúdicos” de la Constitución para el final también es una estrategia que entrega mayor probabilidad de éxito. El colectivo, como siempre lo ha hecho, tiene memoria corta por lo que los aspectos menos duros de la Constitución o quizás menos trascendentes para hacer grandes a los países en sus dimensiones económicas y sociales deberían quedar para discusión en la etapa final.
Aún si se hacen todos los esfuerzos políticos para lograr una aprobación, la persistencia de la polarización política como fenómeno social no parece decantar pronto. Están esos 3,6 millones de votos a favor del candidato opositor al Presidente Electo y que representan el 48% de los votos emitidos en el Plebiscito Constitucional de octubre 2020 que podrían inclinarse por un rechazo.
Si queremos salir exitosos de este proceso constitucional, las acciones de acercamiento político están atrasadas.
Jorge Selaive
Economista Jefe Scotiabank y Académico FEN U. de Chile
