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China se ha convertido en un tema de moda en el país. No sólo por el anuncio de la instalación de una planta del laboratorio Sinovac, sino también por nuestra creciente dependencia económica del gigante asiático. Además de ser nuestro principal socio comercial, ahora se suman importantes inversiones chinas en sectores estratégicos como energía, infraestructura y recursos naturales.
El último episodio lo constituyó la compra de la eléctrica española CGE por parte de la mega-estatal china State Grid. Con esta compra, sumada a la anterior adquisición de Chilquinta, State Grid superará el 50% del mercado de distribución eléctrica, llegando a casi cuatro millones de clientes chilenos.
La operación abrió un debate que, con seguridad, se trasladará a la Convención Constitucional: ¿Debe Chile discriminar la inversión extranjera china, especialmente si se trata de empresas estatales? La respuesta es no.
Sería inconsistente respecto de muchas otras empresas estatales que han invertido, y lo seguirán haciendo, en sectores estratégicos nacionales, como algunos capitales europeos o árabes, y rompería el principio básico de la no discriminación sobre el cual Chile se ha abierto al mundo. Tampoco nos gustaría que empresas estatales chilenas que compiten en mercados globales, como Codelco o Enap, o nuestros fondos soberanos, fueran objeto de un trato injusto o discriminatorio. Las prácticas desleales de empresas estatales, la falta de transparencia o subsidios ocultos se combaten con reglas generales, no dirigidas a un país en particular.
¿Pasa la solución entonces por fortalecer nuestra institucionalidad de libre competencia o la regulación de sectores específicos? Siempre puede haber mejoras, pero la clave tampoco es ésta. Nuestra ley de competencia regula operaciones de concentración, y específicamente en el mercado eléctrico, establece resguardos como son las integraciones verticales. Aquí cabe esperar que la institucionalidad se aplique con decisión más allá del origen de la operación.
La discusión central, a partir del caso chino, es cómo Chile se protege de riesgos a su seguridad nacional frente a una determinada inversión extranjera, especialmente cuando se trata de inversiones en áreas sensibles realizadas por empresas estatales, donde el riesgo de un conflicto diplomático aumenta al tratarse de relaciones Estado a Estado. Esta discusión trasciende a China y a nuestra creciente dependencia comercial: se trata de resguardar nuestro interés nacional sin caer en un control político y discrecional de la inversión.
Para evitar que esta discusión degenere en un control político de la inversión, es fundamental definir qué tipo de operaciones pueden comprometer la seguridad nacional, acotar los sectores estratégicos, mirar con mayor atención cuando se trate de empresas estatales, y contar con mecanismos claros y transparentes de evaluación. Experiencias como las de Finlandia, Suecia o Nueva Zelanda sirven para ilustrar un asunto extremadamente complejo y relevante, en momentos en que nuestro país debe pensar en cómo atraer más inversión para la recuperación económica.
Chile no es un país proteccionista. Una respuesta apresurada y apasionada, para un asunto que requiere una mirada de largo plazo, puede terminar afectando justamente lo que se busca proteger: el interés nacional. Y ahí, más que la amenaza China, terminaremos hablando de la amenaza chilena.
Jorge Sahd K.
Director Centro de Estudios Internacionales UC
