Separemos el sistema de pensiones, no lo fusionemos.
El retiro del 10% de los fondos previsionales se ha tomado el debate público en las últimas semanas. Cabe realizar algunas reflexiones.
Primero, las AFPs minimizarán, con la ayuda del regulador y facilidades del Banco Central, el retiro masivo de fondos previsionales. Se liquidarán activos líquidos y aquellos que se percibe o percibirá tienen comprador o intermediario asegurado. Segundo, la iniciativa generará una reactivación del consumo privado transitorio producto de la fuerte inyección de liquidez y su impacto sobre el PIB dependerá de los bienes y servicios adquiridos. Aún así, debemos colocar cierto sesgo al alza a cualquier proyección de contracción del PIB, pero también debemos mirar con cuidado los efectos de mediano y largo plazo de la incertidumbre respecto a la perdurabilidad del sistema de pensiones y la enorme presión fiscal que produce el el retiro de los fondos. En varias dimensiones, la política aprobada recientemente, es como “romper el chanchito” o vender el taxi y al poco andar, unos pocos tendrán que pagar el desahorro de muchos.
Por otro lado, es importante considerar que las carteras de inversión de las AFP quedarán desbalanceadas. Los nuevos portafolios, por al menos tres o cuatro años, se caracterizarán por tener exceso de bonos corporativos y menos cobertura cambiaria, entre otros, hasta que el ingreso de nuevos fondos previsionales permita lograr la distribución deseada y óptima. En un corto plazo, el regulador ya ha anunciado nuevas parametrizaciones evitando restricciones normativas para la compra de ciertos instrumentos. Esto podría generar efectos no menores en la rentabilidad de las AFPs, más allá del perjudicial impacto que ya genera el retiro de los fondos en el tipo de cambio y las tasas de interés.
Llama la atención que el principio de libertad ha superado el de previsión social. El 80% de las personas prefiere retirar sus fondos pues son de “su propiedad” y, por ende, tiene la “libertad” de retirarlos. Si bien el proyecto tiene el propósito encomiable de ayudar a quienes están en apuros financieros, producto de la pandemia, es importante considerar también que un 80% de las personas tiene menos de $20 millones de pesos ahorrados. Al retirar fondos pondrán una presión fiscal adicional a la que ya colocaban previo a este proyecto. En el futuro sus pensiones tendrán que ser financiadas por más tiempo y en mayor magnitud por recursos “enteramente” estatales.
En ese contexto, es de toda justicia que el restante 20% de los cotizantes que tiene fondos suficientes para financiar su propia pensión, pueda acceder a un sistema completamente privado, eficiente y que optimice la distribución de sus inversiones, compita por la mejor rentabilidad y no esté sometido a presiones políticas ni expuesto a que, a futuro, esos recursos sean expropiados por el Estado para solventar al 80% restante. Este 20% nunca ha recibido ni recibirá ayuda estatal en sus pensiones. Llamativamente, los mismos parlamentarios que apelaron al principio de propiedad y libertad de los fondos, ahora llaman a una estatización de los ahorros de ese 20%. Solo una ciudadanía educada podrá darse cuenta de qué tipo de mensajes se transmiten y su consistencia. Ojalá alguien que pertenezca al 80% también entienda que una política de esa naturaleza solo desincentivará la iniciativa creadora, la acumulación y generación riqueza y el incentivo a la meritocracia. Más de alguno terminará diciendo, para qué estudiar o adquirir capital humano si finalmente el fruto éste me lo expropiarán o tendré que compartirlo cuando más lo necesite, es decir, en mi vejez.
Hace años que se vienen debatiendo cambios en materia de pensiones. Y dados los últimos acontecimientos, lo justo sería que los propios pensionados elijan dónde cotizar. Si nos basamos en el principio de libertad aludido por los parlamentarios (especialmente aquellos que no borran con el codo lo que escriben con la mano), parece de toda lógica separar el sistema, y que cada uno decida si quedarse en el sistema privado o ser parte de un sistema de reparto administrado por el Estado. Claramente ese 20% de bajos fondos elegirá un sistema de reparto.
Las AFPs destinan gran cantidad de sus costos en comercialización, administración de cuentas y pago de pensiones mínimas del 80% de personas con poco ahorro que finalmente tendrán pensiones pagadas con recursos fiscales. Esos costos podrán ahorrarse y focalizarse en entregar mejor servicio y administración financiera para aquellos interesados en el sistema de capitalización individual. Aquellos que leen esta columna podrán mirar los grandes administradores de fondos en el extranjero y darse cuenta que ninguno de ellos tiene sucursales, enorme cantidad de empleados o grandes edificios. Un grupo reducido de administradores de portafolio están generando valor a los aportantes en otras partes del mundo. Ese concepto de administración altamente eficiente no es posible en Chile debido a que el sistema de pensiones está fusionando “ricos” con “pobres”, y pagando pensiones mínimas de personas que, por su condicional laboral, no han cotizado. Por otro lado, el sistema está administrando cuentas de personas que tienen fondos suficientes para pensionarse, no necesitan ni necesitarán apoyo fiscal y valoran la enorme rentabilidad que estos administradores han dado en las últimas décadas.
Bajo este sistema dual y de libre elección, ¿dónde estaría la solidaridad?. La solidaridad estaría en el centro de las preocupaciones pues ese 80% de afiliados continuará siendo financiando por los impuestos, directos e indirectos, que siempre ha pagado ese 20% restante de afiliados. Es de mayor justicia social y crea mejores incentivos un sistema dual de libre elección por sobre uno mixto. Es mejor separar a los cotizantes que juntarlos en un mismo sistema. Subir el IVA, aumentar algo los impuestos generales o a la renta es mejor solución para financiar al sistema de pensiones estatal (reparto) que darle un zarpazo a los fondos de asalariados profesionales que son aquellos que justamente han hecho grande a este país.
Jorge Selaive
Economista Jefe Scotiabank y Académico FEN U. de Chile