Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional Público
En Jenin y Nablus observamos un espiral de violencia tras meses de redadas, las cuales se registran a diario.
En ese contexto y tras la reanudación de conversaciones las autoridades israelíes han conseguido que el control administrativo y de seguridad provenga primeramente desde la Autoridad Palestina (AP), tras el argumento que es lo que corresponde luego de los Acuerdos de Oslo (1993). Sin embargo, estos no han traído goce alguno de los derechos fundamentales para los palestinos.
En tal sentido, el acuerdo (Oslo) cada vez cuenta con menor legitimidad, ya que resulta evidente el incumpliendo en la promesa por crear un Estado Palestino, contiguo al de Israel, con seguridad para su pueblo.
Actualmente en gran parte del territorio palestino son permanentes los toques de queda, los bloqueos de carreteras y las estrictas restricciones de movimiento y un sinfín de conculcaciones a derechos fundamentales de los habitantes palestinos.
Recordemos que en Nablus y Jenin se impulsó la operación “Romper la ola”, la cual fue ordenada por el ex primer ministro de Israel Naftali Bennett, como represalia a los ataques de palestinos en la zona, lo cual llevó a que la potencia ocupante enviara tropas adicionales a Cisjordania y llamara a los colonos israelíes a portar armas.
Bennett dijo: “Quien tenga una licencia de armas, este es el momento de portar un arma”, lo cual avaló a los grupos ultranacionalistas y colonos para robustecer sus milicias y hacer acciones violentas hacia los palestinos tras el propósito de avanzar en la limpieza étnica de lugares demandados por el imaginario sionista.
Al menos 175 palestinos fueron asesinados durante el 2022, cifra que manifiesta la existencia de una escalada de asesinatos contra población palestina, la cual supera el registro de los últimos 16 años. Al respecto, organizaciones de infancia han informado que entre los asesinados del 2022 hay 29 niños a manos de soldados (agentes de estado) israelíes, quienes – según los mismos informes-utilizaron munición de guerra en extremidades superiores, configurando evidencia de tratarse de “homicidios intencionales”.
En ese escenario, la Autoridad Nacional Palestina sigue perdiendo legitimidad y capacidad de representación del pueblo en Cisjordania, cuestión que agrava el enfrentamiento entre los agentes de estado israelíes y grupos de resistencia palestina que agobiados por la desesperanza de conseguir un territorio soberano en el cual se garanticen sus derechos básicos, se enfrentan permanente a las fuerzas de ocupación.
Todo ello, mientras la comunidad internacional mantiene sus agendas en otros asuntos y se enreda vergonzosamente en intereses geopolíticos y económicos, situación que explica la inacción frente a las evidentes violaciones permanentes del régimen internacional de los derechos humanos que debe soportar diariamente la población originaria en palestina.
En efecto, Nablus está rodeada de asentamientos israelíes (ilegales ante el derecho internacional) y crece la concentración de actividad militar israelí en apoyo de los colonos armados, los cuales están convencidos de contar con los apoyos propicios, en un gobierno de extrema derecha, para hostigar a la población palestina con el objetivo de que abandonen dichos territorios. Actitud y acción que los colonos denominan como “asedio civil”, el cual estaría siendo coordinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
En general la acción consiste en que los ultranacionalistas impiden que los palestinos entren o salgan de la ciudad, lo cual provoca la reacción de los palestinos, y así se consigue el objetivo de movilizar al gobierno, el cual interviene militarmente en apoyo de los colonos.
Dicha administración de terror por parte de los colonos y Ejército de Israel es similar a la llevada a cabo contra Jenin en abril de 2022, ocasión en que se mató a más de 50 palestinos. En efecto, la dinámica es hostigar a la población y cuando ella responde, legitimar una “acción defensiva” que permita traer consigo castigos colectivos, los cuales son parte del catálogo de crímenes internacionales de Lesa Humanidad.
La articulación de la milicia de la Guarida de Leones está formada por palestinos jóvenes sin afiliación política, nacidos después de la Segunda Intifada y quienes señalan sentirse desencantados por las políticas de la Autoridad Palestina, principalmente por restarse de defenderlos contra Israel. Ellos han comenzado a atacar a los soldados y colonos israelíes, cuestión que precisamente está siendo utilizado por Israel, es decir, un Estado pleno de derechos y obligaciones, para realizar acciones de fuerza sin respetar las normas del derecho internacional.
Recordemos que la legitima defensa contemplada en la Carta de Naciones Unidas no faculta para que un Estado utilice desproporcionadamente su fuerza en contra de una población civil. La responsabilidad política y administrativa de dichos crímenes recaen precisamente en la potencia ocupante, Israel.
En consecuencia, las situaciones en Jenin y Nablus seguirán haciéndonos testigos de los azotes a un pueblo que busca un camino de liberación nacional, es decir, uno que permita recobrar la esperanza de que algún día se acabará el asedio y la ocupación militar.
Al respecto, lamentablemente la Autoridad Palestina cada vez menos representa ese camino, mientras que la comunidad internacional en general sigue siendo cómplice de los abusos de las fuerzas militares israelíes con el propósito de avanzar en la limpieza étnica y anexar parte importante de Cisjordania, acelerado en el contexto de un gobierno israelí ultraderechista.
En definitiva, sólo nos queda ver cambios inesperados en el escenario político en Israel o en Palestina y, sobre todo, depositar alguna esperanza (no demasiada) en la investigación que ha abierto la Corte Penal Internacional sobre el territorio palestino, el cual por cierto contará con la obstrucción de Israel y de sus socios (Estados Unidos), pero la cual posiblemente contará con el apoyo entusiasta de todos quienes anhelan la paz duradera en esos territorios.
El capítulo de la acción de la justicia internacional se está escribiendo, y en estos momentos representa la única alternativa para que en los hechos no mueran los principios y derechos fundamentales recogidos en la Carta de Naciones Unidas y en la propia declaración de los derechos humanos de 1948.
El camino se inició el pasado 5 de febrero de 2021 cuando la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió, por mayoría, que su jurisdicción regional atiende el caso de Palestina, reconociéndola como un Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tras ese acto, se sentó una jurisprudencia que reconoce a Palestina con su territorio ocupado por Israel desde 1967, a saber, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.
La acción de la Corte motivó a que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu la clasificara de antisemita, añadiendo que “Israel dejará en claro al fiscal general de la Corte que no tiene poderes para iniciar una investigación contra Israel, y que no cooperará”. A pesar de ello y la impunidad con la que hasta hoy han podido proceder, las nuevas acciones judiciales presentan un camino sinuoso para los palestinos, con muchas incertidumbres, en momentos de un gran desconcierto mundial tras la Guerra en Ucrania, sin embargo, se muestra como la única acción en marcha que pudiera movilizar a la “comunidad internacional” a exigir a Israel respetar las normas básicas de convivencia, y crear condiciones para que algún día se haga imperar un estado de derecho en Palestina.
